En lo que se refiere al diagnóstico, en relación a otras ciudades de Euskadi, España o el arco atlántico europeo, Donostia es una ciudad envejecida, con tasas relativamente reducidas de pobreza e incluso desigualdad, renta elevada, niveles intermedios de desempleo, y bajas tasas de natalidad y de inmigración extranjera. Es además una ciudad relativamente bien dotada en lo que se refiere a equipamientos comunitarios y a servicios sanitarios, sociales o educativos.

Los procesos socioeconómicos y demográficos a los que la ciudad tendrá que hacer frente en los próximos años son también de sobra conocidos: envejecimiento de la población, crisis de los cuidados, precarización del empleo, incremento de la desigualdad, cambios productivos ligados a la digitalización y la globalización, riesgo creciente de segregación residencial, incremento del coste de los bienes y servicios que permiten una vida autónoma… son algunos de los elementos que probablemente definirán el contexto socioeconómico de los próximos años.

En ese contexto, los retos que Donostia-San Sebastián se plantea a medio y largo plazo tienen que ver con cinco grandes ámbitos, claramente interrelacionados: la igualdad, la calidad del empleo, los cuidados, la integración de la población foránea y, como consecuencia de todo ello, la posibilidad de poder mantener un sentimiento de pertenencia comunitaria, de vinculación más o menos sentimental con la ciudad, sus símbolos y sus estructuras.

Mantener unos niveles razonables de igualdad es probablemente uno de los requisitos esenciales si se quiere conservar un cierto grado de cohesión social. El incremento de la desigualdad –tanto en lo que se refiere a los flujos de renta, pero también a otros elementos menos perceptibles, como el patrimonio mobiliario e inmobiliario, las redes relacionales, la disponibilidad de tiempo libre, la mortalidad, la influencia política o las oportunidades vitales en la infancia…− es sin duda una de las razones que con más claridad amenazan la cohesión social. Las ciudades más desiguales son, salvo excepciones, las menos cohesionadas y prevenir la desigualdad exige desarrollar –también desde las políticas urbanas− fórmulas innovadoras de redistribución y predistribución. La reciente mejora de los indicadores que miden la desigualdad, y la mejor situación de Donostia en relación a otros territorios de nuestro entorno, no pueden ocultar la persistencia de bolsas de pobreza que afectan de forma desproporcionada a colectivos específicos (familias con hijos/as, especialmente numerosas y monoparentales; jóvenes; inmigrantes; personas con poca cualificación…), la cronificación de las situaciones más severas de pobreza y, sobre todo, la consolidación de la brecha entre un amplio porcentaje de la población que vive en situaciones de bienestar y un sector, minoritario pero importante, instalado en la precariedad.

La cuestión de la desigualdad de rentas no puede desvincularse del segundo de los retos señalados: la cohesión social pasa por el mantenimiento de un modelo productivo capaz de generar empleo de calidad y de prevenir la precarización del empleo (desigualmente repartida, por otra parte). Sin duda, uno de los retos básicos a los que se enfrentan nuestros modelos de bienestar e inclusión social se refiere a la precarización del mercado de trabajo y la emergencia del precariado como categoría social. No puede olvidarse que, junto al desempleo, el empleo precario –bajos salarios, empleos discontinuos e intermitentes, retroceso en cuanto a derechos laborales…− es hoy día una de las principales causas de pobreza y que la erosión de la capacidad inclusiva del empleo supone una de las principales amenazas al modelo de integración social todavía hoy vigente.

El crecimiento de la esperanza de vida –una conquista social de primer orden− implica también la necesidad de dar una respuesta sostenible a la llamada crisis de los cuidados, buscando fórmulas que hagan posible combinar las tareas productivas y reproductivas, en un contexto de envejecimiento poblacional, incorporación de la mujer al mercado de trabajo y agotamiento del viejo modelo familiar, en el que los hombres trabajaban fuera de casa y las mujeres dentro. Junto a esos cambios, las previsiones demográficas a las que tenemos acceso hacen pensar que la crisis de los cuidados ira agudizándose en los próximos años. Pero, además, es necesario reflexionar sobre el contenido de esos cuidados, sobre el tipo de atención que debe prestarse a las personas mayores, desde la óptica de la atención centrada en la persona.

Junto a la cuestión de los cuidados, debemos también responder al reto demográfico potenciando el incremento de las tasas de natalidad y, sobre todo, facilitando que las personas jóvenes puedan materializar sus proyectos familiares. Hoy, muchas personas retrasan más de lo deseado el momento de tener descendencia y/o tienen menos hijos e hijas de los que realmente hubieran deseado. Tal situación se debe, además de a los niveles crecientes de precariedad laboral y residencial, a que nuestras sociedades no ha sido capaz de resolver uno de los principales retos de las sociedades europeas: la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado no se ha visto correspondida por la adecuación de las estructuras sociales a esa nueva realidad ni por una suficiente corresponsabilización de los hombres en las tareas reproductivas y de cuidado. Ello hace imprescindible impulsar políticas que faciliten la emancipación de la población juvenil, desarrollar medidas para la conciliación corresponsable y el cuidado infantil, y ofrecer servicios socioeducativos y socioculturales accesibles, asequibles y de calidad a toda la infancia (y muy especialmente a los niños y niñas que crecen en familias con menos recursos económicos y culturales).

Todo ello requiere, lógicamente, impulsar unas políticas de acceso a la vivienda muy diferentes –en términos de inversión económica, ambición, diseño…− a las que se han venido desarrollando hasta la fecha en la ciudad.

Finalmente, la creciente afluencia de personas de origen extranjero a ciudades pequeñas y culturalmente homogéneas como Donostia obliga a poner sobre la mesa, como reto esencial, la gestión de la diversidad y la necesidad de integrar sobre valores compartidos a personas de muy distintos orígenes. Desde el punto de vista de la igualdad, parece claro que las personas de origen inmigrante se enfrentan a menudo a dificultades de integración importantes y que sus condiciones de vida son, en general, peores que las del resto de la sociedad. Integrar y responder a las necesidades de la población recién llegada –a menudo sin contar con redes de apoyo o niveles de cualificación laboral que les permitan una rápida integración− resulta en sí mismo una tarea compleja.

En todo caso, la cuestión de la diversidad cobra una importancia aún mayor si se tiene en cuenta la necesidad de mantener un saldo migratorio positivo para dar respuesta a las necesidades derivadas del envejecimiento poblacional, y que, a juicio de muchos especialistas, los Estados del Bienestar tradicionales se diseñaron para funcionar en contextos étnica, cultural y religiosamente homogéneos. La diversidad cultural, dicen los teóricos, debilita los vínculos que hacen posible la solidaridad colectiva. No debe por tanto olvidarse que muchos de los problemas a los que ahora se enfrentan los sistemas de protección social –incluyendo el auge de los movimientos reaccionarios y xenófobos− se debe a la dificultad de gestionar los sistemas de protección social en contextos caracterizados por el incremento de la inmigración y por la diversidad cultural que se deriva de esos nuevos flujos migratorios.